Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba.

Después del golpe de Estado de 1952, no se aprecian mayores incrementos de la profesionalidad militar, ni de la disposición combativa pero si, constituyó un verdadero récord el trabajo desplegado por los órganos de inteligencia, sobre todo a partir de la experiencia del Moncada.

Luego de los sucesos ocurridos el 26 de julio de 1953 en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo y en el contexto de la convulsa situación nacional que vivía el país, el 27 de noviembre de 1953 fue dictado el decreto No. 1170, el cual decretaba ilegal al Partido Socialista y anunciaba la creación del Buró Represivo de Actividades Comunistas (BRAC).

Este órgano represivo y de inteligencia fue ubicado dentro del Ministerio de Gobernación, con carácter permanente, asesorado por dicho ministerio en las labores oficiales de investigación y represión del comunismo internacional.

Se especializó en formas, métodos y procedimientos sutiles y mezquinos que introdujeron en las instituciones o dependencias del estado, en las provincias o municipios; en organismos autónomos, en las corporaciones económicas o instituciones de créditos públicos y privados, organizaciones obreras y empresas cuyas actividades por su importancia, trascendían al interés público, tales como radio, televisión, publicaciones y propaganda.

Los miembros de este órgano tenían la facultad de proponer a los funcionarios las medidas a adoptar como resultado de las investigaciones practicadas. Una de las direcciones del trabajo estuvo dirigida a que las autoridades civiles, los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas, en general estaban obligados a poner en conocimiento del BRAC todo hecho, actuación o antecedentes del cual tuvieran noticias en relación con actividades comunistas. Tal disposición constituyó fuente laboral para algunos ciudadanos; entre la población aparecieron los llamados “chivatos” o “33 - 33”.

En todas las provincias se crearon agencias del BRAC que a la vez tenían agentes en los distintos regimientos de la Guardia Rural , con la finalidad de trasmitir toda la información al Organo Central.

En el trabajo desplegado establecieron niveles de prioridad dentro de la oposición: primero los comunistas, contra quienes dictaron miles de investigaciones e hicieron recaer la responsabilidad de cualquier movimiento huelguístico o manifestación de protesta; en segundo lugar los auténticos, ya fueran insurreccionalistas o abstencionistas y por último, los ortodoxos.

Un lugar fundamental, y muy cercano al de los comunistas ocupaban estudiantes y moncadistas, en lo referente a la prioridad contra estos últimos y con más saña luego de la amnistía, desataron una feroz persecución y trataron de involucrarlos con o sin elementos, en toda actividad oposicionistas, constituyendo en resumen, el objetivo prioridad de los cuerpos represivos y órganos de inteligencia.

Son realmente impresionantes los datos encontrados en los archivos del BRAC y del SIM relacionados con estas organizaciones, de quienes aparecen inventarios por provincias, municipios, barrios y en ocasiones hasta de las cuadras donde residían y de sus actividades laborales, relaciones, características de la familia y planes de trabajo a cumplir por orientación de la máxima dirección del partido. El BRAC llego a confeccionar una ficha de cada militante y procesó, estudió y divulgó, en el mayor secreto, entre todos los mandos militares, sus documentos y directivas.

Conocían cuando se reunía el Comité Nacional y las organizaciones provinciales, que trataban y lo que se proponían realizar, así como informaciones referidas a la actividad del partido con los trabajadores no afiliados, la CTC oficialista y hasta en que lugares promovían paros, protestas o huelgas.

De esta sistemática y constante actividad del BRAC, frecuentemente realizaban detenciones, decretaban el estado de alerta para las fuerzas del orden público y de la guardia rural y seleccionaban soldados con algún conocimiento en actividades relacionadas con los ferrocarriles y el transporte urbano para utilizarlos como rompehuelgas.

Infiltró a sus delatores e informantes entre las filas del estudiantado y en cuanta organización existía, trató de sobornar a sus dirigentes sobre todo a los de la Universidad de la Habana , quienes recibieron constantes allanamientos, detenciones y torturas.

De estos años de tiranía batistiana bastaba que una persona tuviera relaciones de amistad o familiares con cualquier individuo que militara o simpatizara con organizaciones, partidos o movimientos opositores para que fuera investigada, detenida y hasta torturada; además de ser fichada para el resto de su vida.

En los casos que pudo, sin respetar los Derechos Humanos, encarceló, torturó y asesinó valiéndose de la Policía Nacional y del SIM, entre cuyos cuerpos desarrollo el Intercambio de información.

De los Vicepresidentes del BRAC Martín Díaz Tamayo, Aquilino Guerra González y Leopoldo Pérez Coujil, se hermanó una maldad insostenible; del antro de torturas y asesinatos se desató una de las mas despiadada represión contra el pueblo cubano, ejercida a través de algunos agentes como los coroneles Lutgardo Martín Peréz, Conrrado Carratala y el general Rafael Salas Cañizares.

De estos emisarios del vejamen el pueblo cubano perdió a muchos de sus mejores hijos.

Titulo: En torno al 10 de marzo de 1952.
Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba.

El gestor del cuartelazo del 10 de marzo de 1952, nació el 16 de enero de 1901, en el barrio de Veguitas, término municipal de Banes, en la antigua provincia de Oriente, Cuba. De origen humilde, desde temprana edad laboró en oficios tan diferentes como agricultor, retranquero, fogonero, conductor, dependiente de bodega y listero de centrales.

El 15 de abril de 1921 se alistó como soldado del Ejército Nacional en el Campamento de Columbia. En 1923 fue licenciado y a finales de ese mismo año, se volvió a alistar para entrar definitivamente en la vida militar. Cuatro años después fue ascendido a cabo de Estado Mayor y pasado un año a sargento de primera, taquígrafo. Este último ascenso le permitió prestar sus servicios en el Sexto Distrito Militar en Columbia, donde comenzó a destacarse por sus condiciones, carácter y atracción personal, características que le posibilitaron ocupar cierta posición dentro de las clases y soldados del referido distrito.

La situación existente en el país: económica, política y social, junto con la caída de la dictadura, presidida por el General Gerardo Machado Morales, el 12 de agosto de 1933, le proporcionó incorporarse de forma oportunista al movimiento conspirativo y desplazar a los verdaderos dirigentes mediante métodos sutiles para convertirse finalmente en líder del movimiento militar del 4 de septiembre de 1933.

Después de despojar del poder al gobierno provisional, presidido por el doctor Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, fue ascendido a coronel y nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE).

Así detentó Batista el mando militar absoluto hasta que abandonó el servicio activo, el 4 de diciembre de 1939, para convertirse en presidente de la República, en el período 1940-1944. Concluido su mandato y sustentado en el dinero que malversó, emprendió el exilio político por varios países de América, durante cuatro años.

Fue el primero en ostentar el grado de mayor general, creado por él mismo en enero de 1942, grado que existía con anterioridad pero que había sido suprimido. En abril de 1949 organizó el Partido Acción Unitaria (PAU) con vistas a promover su candidatura a la presidencia en las elecciones generales de 1952. Más tarde el PAU fue sustituido por el Partido Acción Progresista.

Poseedor de una constante influencia en el Ejército estuvo al tanto de la designación y superación de oficiales. Las profundas huellas que dejó en la institución influyeron en su retorno el 10 de marzo de 1952. Como en 1933, encabezó el movimiento que derrocó al presidente Prío, proclamándose jefe de Estado para reiniciar una tiranía mucho más despiadada y criminal.

Luego de un largo exilio en España, murió en 1973. Algunas medidas adoptadas el 10 de marzo de 1952

El 10 de marzo de 1952 el expresidente y senador de la República, general Fulgencio Batista protagonizó, junto a un grupo de oficiales en servicio activo y retirados de las fuerzas armadas un golpe militar que derrocó en breves horas al gobierno constitucional del presidente Carlos Prío Socarrás y estableció un régimen militar de facto.

A las 2 y 40 de la madrugada del lunes 10, Batista, apoyado por hombres de su mayor confianza, miembros del Ejército, la Policía Nacional y la Marina de Guerra, se adueñó del mando y constituyó una Junta Militar Revolucionaria.

Batista ocupó el campamento de Columbia, sede del EME, principal base militar del país y el General Francisco Tabernilla Dolz, la fortaleza de la Cabaña, asimismo, el comandante Manuel Larrubia Paneque, los coroneles Roberto Miranda Fernández y Carlos Cantillo González, tomaron el campamento de la Aviación, mientras que el más tarde contralmirante José Rodríguez Calderón, ocupaba el Castillo de la Punta, donde radicaba la jefatura de la Marina de Guerra, y el primer teniente de la Policía Nacional, Rafael Salas Cañizares ascendido a Coronel, la jefatura de la Policía.

En seguida fueron arrestados y conducidos a lugares seguros los jefes y oficiales del ejército, la policía y la marina que no secundaron el golpe. En el club de oficiales del campamento de Columbia, Batista ubicó su despacho, antes de trasladarse al Palacio Presidencial para presidir el Consejo de Ministros.

En el acto canceló los comicios presidenciales y en la proclama del 10 de marzo, dejó bien claro haber asumido la jefatura del Estado al frente de una Junta Militar Revolucionaria integrada por miembros del Ejército, la Policía y la Marina, de la cual formaban parte 1 comandante, 14 capitanes y 11 primeros tenientes, oficiales que serían incluidos posteriormente, en la lista de los ascendidos y colocados en los principales puestos de los diferentes mandos.

Fue ese el primer mando establecido por los golpistas y, aunque no era ese el objetivo del traidor, lo aceptó en un primer momento, con lo cual evidenció su perspicacia. Inmediatamente, creó una junta colegiada, en la que reagruparía a un grupo de conspiradores para atraer adeptos pues ello representaría un paso primordial en su táctica política. Pocas horas después, anuló a sus cómplices, y estableció un verdadero gobierno unipersonal.

La junta invistió de facultades extraordinarias a Batista, quien ocupó el cargo de primer ministro y asumió la jefatura del Estado con todas las prerrogativas inherentes a un presidente de la República.

Según las declaraciones del general de brigada Francisco Tabernilla Dolz, el propio día 10, ocupadas ya Columbia, La Cabaña y los diferentes mandos subordinados al movimiento, la Junta Militar Revolucionaria cesó sus funciones, pues ya había logrado el objetivo de dejar sentado en la silla presidencial a Fulgencio, quien anuló el poder ejecutivo y las funciones del Congreso. El mismo designó un Consejo de Ministros entre sus allegados y cómplices, quienes lo nombraron primer ministro, así como estableció el Consejo Consultivo.

Enseguida fue puesta en vigor la Ley de Orden Público, que disponía, en su artículo 42 -para situaciones anormales- la prohibición del derecho de huelga durante 45 días. De esa manera quedaban bajo control tanto el país como los agitadores, y era contenido el rechazo popular y de las fuerzas progresistas y revolucionarias.

Al propio tiempo, derogó la Constitución de 1940, vigente en Cuba desde el 10 de octubre de ese año e implantó los llamados Estatutos Constitucionales, elaborados de acuerdo con sus intereses y objetivos para, de una u otra manera, dar base orgánica a la situación política que afrontaba.

La Ley Constitucional del 4 de abril de 1952 contiene los llamados Estatutos Constitucionales, aprobados y sancionados por el primer ministro y el Consejo de Ministros. Mediante los mismos se hizo recayera en Batista, todo el peso de la decisión del Gobierno. Para inspirar confianza, se planteaban una serie de medidas basadas en el sentir y en las necesidades del pueblo, pero que realmente no podían ser aplicadas en aquel régimen de casta y privilegio en que prevalecía la propiedad privada sobre los medios de producción. En su elaboración participó el coronel abogado Arístides Sosa de Quesada y tuvo también una participación fundamental y directa el senador Santiago Rey.

En el orden económico, de inmediato, se puso en práctica el Plan Truslow que contribuía a fortalecer las posiciones del imperialismo norteamericano en la economía cubana.

Mediante el Decreto No. 94, del día 10, el jefe del gobierno suspendió el Reglamento General para el Ejército de Cuba, de 1928, La ley Orgánica del Ejército y la Ley Orgánica de Retiro del Ejército y la Marina de Guerra, por un período de 72 horas en un primer momento, y hasta 45 días después. Tales medidas le permitieron maniobrar y proyectar su política militar sin obstáculos ni limitantes, así como llevar a cabo un gran movimiento de efectivos.

También, se eliminó el escalafón general según clase, grado y antigüedad, con la finalidad de favorecer a la elite militar que lo rodeaba, la cual, por no hallarse ubicada en los altos puestos, estaba impedida de ocupar nuevos cargos.

Al aplicar el Decreto No. 743, del 10 de marzo de 1952, se concedió el perdón a los casos de faltas esencialmente militares, pendientes de ser juzgadas hasta esa fecha, incluso sin exigencia administrativa.

Esta medida, además estaba vinculada con la incondicionalidad que perfeccionaba Batista. No podía existir ninguna limitante para quienes lo apoyaron; así había en los cuerpos armados oficiales "puros" sobre las armas, pero con muchas faltas sobre los hombros.

Al propio tiempo, el Decreto No. 94, artículo segundo, dejó sin efecto los motivos, por los cuales fueron retirados del servicio activo, con anterioridad, un grupo de oficiales que ahora apoyaron el golpe. Estos debían reintegrar al fondo de retiro de las fuerzas armadas las cantidades recibidas en el tiempo transcurrido. Al eliminar tal disposición era posible llamar al servicio activo a todos los que fueron sido separados de la institución militar durante los gobiernos anteriores y le eran fieles servidores.

Entre ellos estaban: el general de brigada Francisco Tabernilla Dolz; el coronel Carlos M. Cantillo González; los comandantes Aquilino Guerra González y Manuel Larrubia Paneque, y los capitanes Martín Díaz Tamayo, Pilar D. García, Ramón E. Cruz Vidal y Roberto Fernández Miranda, entre otros.

Una vez en servicio activo, éstos y otros oficiales vinculados al golpe de Estado fueron ascendidos. Al grado transitorio de mayor general, jefe de Estado Mayor General, el general de brigada Francisco Tabernilla Dolz; al de general de brigada, al coronel Eulogio Cantillo Porras, a los capitanes Luis Robaina Piedra y Martín Díaz Tamayo, designados, Ayudante General, Inspector General y Cuartel Maestre General respectivamente.

También resultaron ascendidos al grado de coronel, para el Ejército, los comandantes Manuel Larrubia Paneque y Aquilino Guerra González, y los capitanes Alberto del Río Chaviano, Ramón E. Cruz Vidal, Dámaso Sogo Hernández, Leopoldo Pérez Coujil y el primer teniente Pedro A. Rodríguez Avila; a teniente coronel, para el Ejército, el comandante José C. Aguiar García y Manuel Larrubia Paneque, a los capitanes Félix E. Pérez Montoya, Cándido F. Hernández, Pilar D. García García, Víctor M. Dueñas Robert y Julio Sánchez Gómez, así como el primer teniente Fermín de la C. Cowley Gallego.

Los retiros no permanecieron al margen de su actuación. Por Decreto No. 95, del propio día 10, ordenó retirar un grupo de oficiales que no se sumaron al golpe o al parecer no gozaban de la simpatía del nuevo gobierno de facto. Ello implicó la pérdida de algunos cuadros profesionales dentro del Ejército, lo cual agravó aún más los problemas en su seno al aumentar la ineptitud e incapacidad de los jefes y acrecentar las contradicciones internas.

En virtud del decreto mencionado pasaron a retiro el mayor general Ruperto Cabrera Rodríguez, los generales Otalio Soca Llanes, Quirino Uría López y José H. Velázquez Perera; los coroneles Francisco Alvarez Margolles, José Acosta de la Fuente, Eduardo Martín Elena, Urbano Matos Rodríguez y Epifanio Hernández Gil, entre otros. En total, fueron retirados 77 oficiales, de ellos: 1 mayor general, 3 generales de brigada, 7 coroneles, 22 tenientes coroneles 11 comandantes y 10 capitanes.

Como hemos señalado estos retiros provocaron la salida de numerosos oficiales con preparación militar, lo que, indiscutiblemente, repercutió en el grado de preparación y disposición combativa del Ejército.

Ante esta situación, durante las 24 horas del día 10 de marzo de 1952, surgió un régimen usurpador e impopular. Estas y otras medidas adoptadas posteriormente tenían que ver con la política defendida por Batista de crear un ejército moderno, bien equipado e instruido.

Algunas de ellas estaban relacionadas con la incondicionalidad de sus miembros, aspecto que defendía para garantizar que lo respaldaran con vistas a mantenerse en el poder, pues estaba convencido de que a su gobierno se le opondría resistencia.

Titulo: El Ejército y su cúpula militar.
Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba.

Después del golpe de Estado, el 10 de marzo de 1952 dirigido por (el expresidente y senador de la República, general retirado) Fulgencio Batista Zaldivar, el Ejército de Cuba retorno a las manifestaciones de nepotismo, militarismo y sectarismo, convirtiéndose una vez más en un partido político al servicio de las ambiciones de un tirano y de los Estados Unidos. Desde el propio día del cuartelazo, su líder, en el poder, hizo público sus propósitos y ante sus colegas dijo: “... Soy yo quién determina las leyes militares. ¡El Ejército soy yo!...”

El Ejército de Cuba fue heredero de un sin número de deformaciones, no sólo en su composición, sino en las funciones que debía desempeñar. Esta institución militar al igual que la Guardia Rural, pese a ser constituidas para mantener el orden, defender el gobierno y preservar la independencia de país, fue preparado y equipado desde siempre, para velar por propiedades y personas, elementos contradictorios en relación con los contenidos de escuelas y academias militares. En torno a él se había creado la tesis de que era posible hacer una revolución con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército.

La cúpula político militar de la tiranía batistiana, desde el golpe, procuró en todo momento, ocultar, tergiversar, minimizar y rechazar ante la opinión pública nacional e internacional, los hechos que demostraban el rechazo y oposición al régimen establecido, por parte de diversos sectores revolucionarios, progresistas o de grupos de políticos oposicionistas.

No obstante, ha que dado fehacientemente demostrado que, desde la instauración del marzato, Batista se preocupó de tomar medidas necesarias para dotar a su gobierno de una fuerte maquinaria militar, capaz de aplastar los seguros intentos de oposición violenta a su administración, pero necesitaba tiempo no sólo para la aplicación de éstas, sino también para que desde el soldado hasta los miembros del estado mayor, las asimilaran y aplicaran óptimamente.

El gobierno se esmeró en la adquisición de nuevo y moderno armamento y técnica de combate, el aumento del número de efectivos militares, la realización de ejercicios y maniobras militares, cambio de estructura y organización y el asesoramiento de la misión militar de los Estados Unidos. No obstante éstas y otras medidas adoptadas en las distintas armas, las fuerzas armadas seguían padeciendo del mismo mal que se entronizara desde la creación de los primeros institutos armados: la ubicación de jefes y oficiales de alta graduación en el desempeño de mandos para los cuales no estaban aptos, así como la política de promoción y el empleo que se le daba a los uniformados.

En los primeros catorce meses de tiranía militar, el alto mando castrense realizó la separación de un grupo de oficiales del servicio activo. Estos fueron dados de baja por: no “apoyar” el golpe, no gozar de la simpatía del nuevo mando militar, mostrar inconformidad por la forma en que se conducían los asuntos militares o por ocupar las plazas que Batista había entregado a sus incondicionales.

Fueron llamados a servicio activo, un grupo de oficiales que habían sido separados del Ejército durante los gobiernos auténticos, estos eran fieles servidores, incondicionales, pero no verdaderos cuadros militares. Además de ser reincorporados, fueron ascendidos y colocados en las jefaturas más importantes dentro de las fuerzas armadas.

De lo que se trataba no era de ver en que medida podía resentirse la profesionalidad, ni la cohesión o disposición y preparación combativa, sino de contar con jefes y oficiales incondicionales.

Igualmente otro grupo de oficiales que estaban en servicio activo y conspiraron con Batista, fueron llevados a jefaturas importantes y ascendidos a varios grados, por encima de los que ostentaban violando toda reglamentación. Estos ascensos no tuvieron en cuenta la capacidad, instrucción, méritos, ni años de servicio; por lo que encontramos, tenientes y capitanes que se convirtieron en menos de 24 horas en coroneles y generales.

Algunos de estos oficiales, carecían de un pensamiento militar, originalidad, creatividad, iniciativa, falta de sistematicidad en los estudios y por tanto poseían una escasa preparación técnica y profesional. Resultaron incapaces - salvo contadísimas excepciones- de asumir una postura patriótica y progresista.

Con relación a estos improvisados generales, en el juicio a los asaltantes del Moncada, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz planteó:

Muchos de los generales que mandaron a matar prisioneros eran… Hombres que se hicieron generales de la madrugada al amanecer sin haber disparado un tiro, que compraron sus estrellas con alta traición a la república, esos son los generales del 10 de marzo, generales que no habrían servido ni para arrear la mulas que cargaban las impedimentas del ejército de Antonio Maceo … tiene generales como Martín Díaz Tamayo, coroneles como Ugalde Carrillo y Alberto del Río Chaviano. Matar prisioneros indefensos y después decir que fueron muertos en combate, esa es toda la capacidad militar de los generales el 10 de marzo…”

El nepotismo era una característica que siempre padeció el Ejército. Existía una gran cantidad de oficiales que tenían gran parte de su familia más cercana dentro del Ejército, es decir hijos, hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, etc. Es lógico, que en la vida, los padres quieran que sus hijos obtengan honradamente por una profesión parecida o igual a la que desempeñan, pero el caso que nos refiere es todo lo contrario, la entrada de la parentela se realizaba violando las reglamentaciones; se les entregaban, cargos, puestos y grados sin tener capacidad, actitud, eran llevados al robo, a la corrupción, el vicio, los negocios turbios, el juego y el enriquecimiento ilícito. Podemos citar por ejemplo la Familia Tabernilla, el viejo Pancho y sus hijos Carlos, Marcelo y Francisco Tabernilla Palmero; la Familia Salas Cañizares, Juan, Rafael y José María, una familia de asesinos y ladrones, los cuales usaban el vejamen como norma de actuación, familia García Báez, Casillas Lumpuy, Ugalde Carrillo, etc. De manera que el nepotismo no era una calumnia o difamación, sino una realidad. A dónde podía llegar un ejército donde además de la adulonería y el servilismo estaba la familiaridad y el compromiso.

El Ejército no pudo exhibir un cuadro de oficiales con amplios y profundos conocimientos militares, generales y especiales, con una amplia experiencia en maniobra y ejercicios militares, ni tampoco con un espíritu de cuerpo, unidad y solidaridad, basado en conceptos éticos y patrióticos. En una carta enviada a Batista, por un alto oficial del Ejército, el 4 de agosto de 1960, se expresa apesadumbrado y con indignación, una caracterización de ese ejército:

”Usted sembró la indisciplina y el descontento dentro de las Fuerzas Armadas, ascendiendo a paniagudos, sin mérito, ni capacidad profesional, violando los escalafones y suspendiendo indefinitivamente los exámenes por oposición, restándole a los oficiales el derecho a la superación por sus propios esfuerzos, y en fin desarticuló el normal y junto funcionamiento de las instituciones armadas y como uno de los muchos casos que pudo exponer, le citaré el ascenso a primer teniente de la Policía Nacional a un miembro de nuestro servicio doméstico, el cocinero”.

Francisco Tabernilla Dolz.

El ejército no representaba, ni defendía la sociedad cubana, todo lo contrario se opuso decididamente a las ansias de las masas más explotadas y desposeídas. No existían condiciones objetivas para que la dictadura militar pudiera lograr un salto cualitativo en las instituciones militares cubanas, la guerra sería su examen final.

Titulo: En busca de la incondicionalidad del Ejército.
Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba.

Históricamente, las tiranías militares usurpadoras del poder adoptan medidas destinadas a mantenerlo y consolidarlo, así como para lograr la incondicionalidad de las fuerzas armadas, apoyo principal del grupo político que ocupa la presidencia.

Después del 10 de marzo de 1952 el nuevo jefe militar inicia su mandato tomando un conjunto de medidas de carácter político, militar, económico y social, para, entre otros objetivos, garantizar esa incondicionalidad, apuntalar y reforzar su gobierno y crear condiciones que ofrecieran resistencia a las acciones que pudieran desatar la oposición y las masas populares.

Medidas de carácter político-militar

Una de las primeras medida adoptadas por Batista en favor de sus subordinados consistió en la reincorporación a las fuerzas armadas de viejos elementos ya retirados; luego tomó otras: el paso a retiro de algunos oficiales de Academia que constituían un obstáculo para los primeros, así como el otorgamiento de ascensos a numerosos oficiales y su ubicación en importantes cargos militares.

La reincorporación de los retirados le garantizaba un ambiente favorable tanto a él como a los beneficiados, quienes de una u otra forma estuvieron vinculados a sus actividades.

Para el máximo jefe militar resultaba imprescindible tener el apoyo total del Ejército, de ahí que pusiera gran empeño con asegurar objetivos tales como:

-Trasladar a la jurisdicción militar las acusaciones hechas, con carácter civil, contra militares. De esta forma, trataba de ocultar las faltas cometidas por los militares que mantenían su gobierno.

-Conceder amnistías y/o perdón en beneficio de los militares presos, quienes, por lógica, brindaron todo el apoyo a su carrera política. Entre las acciones llevadas a cabo figura la Ley Decreto No 63, del 14 de abril, que concedía amnistía para los delitos probados, previstos y sancionados por el Código de Defensa, cometidos antes del 10 de marzo, siempre que en los sancionados concurrieran los aspectos siguientes: fueran autores o cómplices, las circunstancias de no reincidencia ni reiteración y haber cumplido en la fecha de promulgación de la ley decreto, no menos de la tercera parte de la sanción impuesta.

-Fue transformado el Código Penal, lo cual confirió mayor efectividad a las medidas relacionadas con este.

-Se otorgó perdón a las faltas esencialmente militares pendientes de ser juzgadas hasta el día 10 de marzo; esto posibilitó la sustracción de las causas militares del control judicial civil, convirtiendo al Ejército en un cuerpo más independiente e impune.

Se dispuso que a partir del 1 de octubre de 1952, por la Ley Decreto No. 436 los jueces y tribunales de la República no fijaran fianza a los miembros de las fuerzas armadas para ponerlos en libertad, en los casos en que de acuerdo con la legislación vigente les correspondiera, al ser acusados o procesados por la comisión de un hecho sancionable con pena de prisión o arresto, sin perjuicio de las facultades reservadas.

Sin dudas, esto beneficiaba la economía de los militares afectados.

Igualmente, por la Ley Decreto No. 650, del 23 de enero de 1953, se dispuso que sería competencia de los tribunales de la Jurisdicción de Guerra conocer de los delitos cometidos por los miembros del Ejército en actos propios del servicio. De esa forma concedía mayor impunidad al cuerpo.

Es importante señalar, que en las conmemoraciones por el 4 de septiembre o el 10 de marzo, se perdonaban esencialmente las faltas esencialmente militares y pendientes de ser juzgadas hasta una fecha límite, lo cual, por supuesto, repercutió en el estado de la disciplina.

Además, mediante el Decreto No. 378, del 31 de marzo de 1952, se establecía el 4 de septiembre como "Día del soldado", derogando el Decreto No. 4461, del 11 de diciembre de 1944, el cual instituía como tal el 15 de diciembre. De esa manera se multiplicaban las actividades festivas en todos los cuarteles, campamentos, apostaderos, fortalezas y estaciones de policía, con el propósito de estimular el deseo de ser soldado, lograr un ambiente de armonía y paz dentro de la tropa y ofrecer dos días de festejos: el 10 de marzo y el 4 de septiembre.

Otra decisión fue la de otorgar condecoraciones para los miembros del Ejército que protagonizaran actos heroicos en beneficio de la patria. Entre ellas están; la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas, la cual se concedía por resolución del Ministerio de Defensa Nacional, previa recomendación conjunta de los jefes del Estado Mayor del Ejército, la Policía y la Marina , a personas cuyos méritos estuvieran en completa armonía con lo dispuesto en la Ley; la "10 de marzo" destinada a oficiales y alistados del Ejército, la Policía y la Marina , y la Cruz de Honor "Maceo", instituida por los hechos ocurridos el 26 de julio de 1953 y otorgada a los miembros del regimiento 1 "Maceo", de la Guardia Rural (GR)

En reciprocidad, y como muestra de suma adulación, mediante la resolución No. 383, del 15 de octubre de 1953, el Ministerio de Defensa Nacional creó la insignia de "Jefe de las Fuerzas Armadas" y la entregó al presiente de la República.

Fueron radicadas nuevas plazas en las plantillas del Ejército, entre otras, la de jefe Superior de Administración y de soldados, en el Cuerpo Auxiliar Civil. Los estamentos más bajos recibían ciertos beneficios y una fuente de empleo se abría para ubicar desempleados, incluso analfabetos o aventureros, quienes se sentirían deudores o incondicionales.

Para tener una noción del aumento del personal militar, es preciso señalar que de 15 mil efectivos con que contaba el Ejército antes del 10 de marzo, su cifra se elevó a 17 060 en menos de un año.

El alto mando militar desarrolló también una vasta política de ascensos destinada a favorecer y halagar a los jefes y oficiales que inspiraban confianza, aunque no tuvieran suficientes capacidades y actitudes. El ascenso constituía una mejor posición.

De acuerdo con los reglamentos para los establecimientos penitenciarios, en la prisión militar ubicada en la fortaleza militar de La Cabaña fueron abiertos dos pabellones para que los reclusos recibieran en privado a sus esposas.

Medidas económicas

Las medidas adoptadas en este sentido se hallaban en franca contradicción con la situación económica del país, no apto para asumir gastos con fines militares.

Una de las primeras, correspondiente al día 10, fue la de aumentar sus haberes a los miembros del Ejército, la Policía, la Marina y el Servicio Militar de Emergencia.

Según la Ley Decreto No. 2, a partir del 16 de marzo de 1952 se concedía un aumento adicional a los oficiales, suboficiales y alistados del Ejército, de la Marina y a los oficiales, clases y vigilantes de la Policía Marítima (PM) que sumado a los haberes básicos y gratificaciones vigentes, acumularían un total bruto según la escala señalada.

Es importante puntualizar que para los últimos días de marzo, no había comenzado aún a regir el aumento salarial, acerca del cual se hacían constantes promesas e incluso se habló de la confección de nominillas especiales y que se consideraría un aumento como un ascenso en el cargo.

El incremento de las asignaciones por concepto de alojamiento, alumbrado y combustible, no abarcaba solamente a los oficiales del Ejército y del SME, sino también a los vigilantes de la Policía Marítima. Poco a poco se hacían extensivos los beneficios a todas las instituciones militares. Los funcionarios y empleados civiles fueron ascendidos a una categoría superior de la que disfrutaban antes del golpe y se les aumentó en 0.80 los tipos mínimos de subsistencia por concepto de manutención de personas.

El 16 de abril de 1952, por el Decreto Presidencial No. 617, se redujo el 9% del descuento del 10% que se realizaba sobre las pensiones que recibían los jubilados, es decir, a los miembros de la Marina y el Ejército que se encontraban en situación de retiro, y a los familiares de los fallecidos. Posteriormente, por la Ley Decreto No. 50, del 5 de mayo de 1952, este descuento quedó fijado en el 1%.

Sin dudas, con esta medida se pretendía ganar la simpatía de los jubilados antes y después del 10 de marzo para, a cambio, poder utilizarlos en el momento oportuno.

Otros beneficiados fueron los efectivos que desempeñaban plazas técnicas en la fuerza aérea a quienes facultaba la Ley Decreto No. 25, del 10 de junio, para recibir una gratificación anual, según una escala previamente establecida.

Por otra parte, la Ley- Decreto No. 13, del 18 de abril de 1952, dejó sin efecto, por una sola vez, el apartado II del artículo 26 de la Ley de Retiro del Ejército y la Marina, en lo referente al descuento de la diferencia de haber mensual que debían percibir los miembros de dichos cuerpos con motivo de sus ascensos y, en consecuencia, disponía la aplicación del referido beneficio a todos los ascendidos en el período comprendido del 10 de marzo al 20 de mayo de l952.

El 16 de octubre se constituyó la Caja de Anticipos y Seguros de las Fuerzas Armadas (CASFA) mediante la Ley Decreto No. 472. Con carácter de banco de préstamo y determinadas limitaciones, podía facilitar ciertas sumas de dinero a los miembros de las fuerzas armadas, con un mínimo de interés y facilidades para la devolución, siempre que el préstamo no alterara la situación del deudor, sino que resultara una ayuda efectiva. Contribuían a ella generales, comodoros o jefes de estados mayores con $15.00 mensuales, y los de más bajos ingresos con $1.20.

Se determinó que el consejo que administrara la CASFA redujera el 20% de todos sus ingresos mensuales para destinarlos al sostenimiento de un Instituto de Estudios Tecnológicos para hijos de miembros del Ejército, la Policía y la Marina en edades de entre 14 y 16 años. Posteriormente, en noviembre de 1952, se dictó el reglamento de la CASFA.

También puso en vigor la Ley-Decreto No. 807, del 17 de abril de 1953, que concedía exención de derechos arancelarios y consulares, otros derechos e impuestos recaudables en las aduanas, incluso en el regulado por el Decreto No. 5122, del 2 de diciembre de 1949, a las importaciones de muebles y objetos para uso de la CASFA.

En noviembre de 1953, el Consejo de Dirección del Instituto Militar Juvenil Tecnológico fue autorizado a conceder un préstamo de hasta $250.000 00 a favor de la CASFA. En esa misma fecha, por la Ley Decreto No. 1188, se facultó al Consejo de Administración de la CASFA a obtener préstamos de entidades oficiales y privadas, previa aprobación del presidente de la República.

El círculo naval y militar en la playa de Marianao adquirió nuevos terrenos, los acondicionó con todo tipo de medios de recreación y fue declarado Sociedad Nacional de las Fuerzas Armadas, sirviendo como medio de unión entre miembros de éstas y civiles muy vinculados con las organizaciones militares.

La Ley-Decreto No. 760 otorgó a los oficiales y alistados del SME los beneficios de la ley de retiro del ejército a partir del 1o. de abril de 1953.

Obras Sociales

El 17 de abril de 1953 fue fundada la Organización de Viviendas Económicas para miembros de las Fuerzas Armadas (OVEFA), cuya función principal era la de arbitrar y administrar los fondos dispuestos para fabricar edificios destinados al alojamiento de estos efectivos.

Las edificaciones eran de cuatro tipos y estaban destinadas a: generales y oficiales subalternos, sargentos, cabos y soldados, marineros y policías.

Se creó una comisión para el estudio y confección de un plan sobre la OVEFA , la cual analizaría el estado del alojamiento de los miembros de las fuerzas armadas.

Esta organización comenzó a construir repartos, en su mayoría para alistados, entre ellos, los destinados a la Ciudad Militar, en Columbia. Los oficiales de alta graduación habitaban en zonas residenciales de la capital, aunque, los que ostentaban los cargos de Jefe del Estado Mayor General, Jefe de la División de Infantería y los de los Regimientos, debían residir dentro del lugar donde estuviera enclavado el mando.

Según testigos de la época, después del golpe del 10 de marzo, el general Tabernilla nunca residió dentro de Columbia. Sin embargo, luego del golpe del 4 de septiembre de 1933 y siendo jefe de La Cabaña sí residió en esa fortaleza.

Indiscutiblemente, tales edificaciones satisfacían en poca monta las necesidades, problemas y carencias de los estamentos más bajos, pero no por ello la intención dejó de ser válida.

Se adquirieron terrenos en todo el país para construcciones militares y civiles. Por ejemplo, se hicieron edificaciones para alojar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército; despachos para el jefe de la División de Infantería y el jefe del Regimiento Mixto de Tanques; se construyó la avenida "4 de septiembre", y fue ampliado el club de alistados, entre otras, previstas en el plan de desarrollo económico y social, ampliamente divulgado por la propaganda batistiana.

A ello se sumó el llamado Ministerio de Viviendas Baratas -como era denominado con ironía-, el cual demagógicamente establecía que estaba destinado a construir viviendas a los familiares de los soldados caídos, además de proyectar el panteón de las fuerzas armadas en el cuartón sudoeste No. 6, del Cementerio "Cristóbal Colón".

La asistencia médica de los militares se amplió. Además la Clínica hospital "4 de septiembre" fue destinada, a la asistencia de los familiares de los miembros de las fuerzas armadas, incluidos los del SME y empleados civiles que prestaban servicio en el Ejército, la Marina o el palacio presidencial.

Titulo: Plan Fin de Fidel sobre el tapete.
Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba.

Después del desembarco del Granma, el 2 de diciembre de 1956, las fuerzas que integraban el ejército estaban compuestas por un Estado Mayor y cinco direcciones; las fuerzas terrestres, por una División de Infantería, el Regimiento de Artillería y tres regimientos del Servicio Militar de Emergencia y las fuerzas de la Guardia Rural formadas por 8 regimientos. Las Fuerzas Aéreas la componían cinco escuadrones, existían además, los cuerpos de aseguramientos combativos y de abastecimientos, servicios, de reservas y agrupaciones especiales.

A mediados del año 1957, como consecuencia de la Guerra, fueron activadas y organizadas nuevas unidades para aumentar el número de efectivos y perfeccionar la estructura de la Guardia Rural, tenían como objetivo, elevar la capacidad combativa y movilizativa y dotarlo de la organización y el armamento necesario para las misiones que debían cumplir e incrementar el volumen de fuego, especialmente el de apoyo.

El 22 de noviembre de 1957, batista convirtió el Estado Mayor del Ejército en Estado Mayor Conjunto, donde se reagruparon en un solo mando la Marina, el Ejército y la aviación y fue designada una jefatura suprema al mando del teniente general Francisco Tabernilla Dolz.

Buscaban los altos oficiales castrenses concentrar y utilizar de una manera mas efectiva, todo el aparato represivo del régimen. Sus esperanzas radicaban en lograr resultados positivos con los planes operacionales, así como una mejor organización de sus fuerzas en las operaciones, pero al frente de las acciones continuaban los generales ascendidos el 10 de marzo, con una limitada preparación profesional y no eran los más capaces desde el punto de vista militar. Continuaban empleando las mismas tácticas de combates, que no estaban en función de librar una guerra irregular.

Transcurridos ocho meses de lucha contaguerrillera no se había obtenido ningún resultado positivo para el ejército de la tiranía, las patrullas que incursionaban sobre la Sierra Maestra , generalmente no encontraban grupos de insurrectos, eran los rebeldes los que le proporcionaban las emboscadas, que se transformaban en acciones de cerco y aniquilamiento. Ninguno de los jefes de operaciones, dotados de los medios necesarios, pero escasos conocimientos tácticos estratégicos en el terreno, había podido darle alcance a los guerrilleros. Los planes ofensivos tenían como objetivo aislar, cercar y contener las fuerzas guerrilleras, pero todos fracasaron.

Planes como, La operación Limpieza, El plan de Alzados y el plan Relámpagos (Ofensiva de invierno) carecieron de efectividad. En la práctica no realizaban las indicaciones dadas, las zonas escogidas como puntos claves, eran áreas ya abandonadas por el ejército rebelde, el cual se caracterizaba por su rápida movilidad y traslado, en la mayoría de los casos, la exploración no se realizaba o se hacia con deficiencia, pues siempre hubo una subestimación de los rebeldes.

Los planes militares, elaborados a cientos de kilómetros del teatro de operaciones militares, por jefes y oficiales que en su mayoría no habían estado en la zona e ignoraban o subestimaban la táctica guerrillera, no fueron efectivos, se producía la maniobra de fuertes columnas por un terreno prácticamente desconocido, montañoso y de difícil acceso. Comenzaban los primeros signos de resquebrajamiento de la moral combativa de los soldados, a causa, del mal ejemplo de los superiores y por el trato diferente que la guerrilla daba a los prisioneros y heridos.

La insuficiencia flexibilidad en los mandos y las constantes mentiras en los partes oficiales empeoraban la situación, subestimaban las posibilidades combativas y sobrevaloraban sus acciones, a tal punto que las convertía en largas jornada invisibles.

Es importante señalar que el alto manto militar tuvo que tomar aceleradamente algunas medidas que le permitieran enfrentar a los combatientes revolucionarios. Con la rapidez que tal tarea exigía, comenzaron, asesorados por la Misión Militar Norteamericana en Cuba, la formación, adaptación o desarrollo de unidades capaces de cumplir nuevas misiones combativas, en especial de la lucha antiguerrillera.

También tuvieron que modernizar el armamento y adecuarlo a las nuevas condiciones, principalmente la aviación y la artillería terrestre. Pero lo mas importante, era el tiempo para lograr cuestiones tan fundamentales, como el estudio de nuevas técnicas, la elaboración de planes operacionales, la adecuación de otros requerimientos tácticos, los entrenamientos y las maniobras y, en general, lograr la cohesión combativa en el desarrollo de la acciones.

El ejército, no supo aprovechar determinadas condiciones ventajosas del terreno, lo que ocasionó dificultades en el abastecimiento, comunicaciones y movimientos.

El factor político – moral, constituyó el de mayor importancia para el desenlace final de la guerra. Jamás los miembros del Ejército de Cuba, defensores de los peores intereses de la sociedad cubana de la época, estuvieron en disposición de entregar sus vidas y sufrir privaciones y sacrificios mayores que los combatientes rebeldes, pues ellos defendían los ideales más puros y patrióticos de nuestro pueblo. En una ocasión, un ex oficial de la tiranía expresó ”… La habilidad, valentía y agresividad de los grupos rebeldes tenía la impresión de que fumaban marihuana por la audacia de sus ataques”.

A pesar de la incapacidad y las pocas posibilidades en la victoria, el alto mando militar comprendía la necesidad de superar el estancamiento de la guerra, las acciones exitosas desarrolladas por el Ejército rebelde durante el año 1957 y primer semestre de 1958, obligaron al mando batistiano analizar, elabora y poner en práctica un nuevo plan de operaciones, así que comienzan los preparativos para una gran ofensiva denominada Plan F.F (Fase Final o Fin de Fidel).

Jefe de operaciones hasta el inicio de la Ofensiva de Invierno.

•  Comandante Juan González .2 de diciembre de 1956.
•  Coronel Ramón Cruz Vidal. 7 de diciembre de 1956.
•  Capitán de Fragata Armando Rodríguez Alonso.15 de diciembre de 1956.
•  Comandante Joaquín Casillas Lumpuy. 18 de enero de 1957.
•  Coronel Pedro A Barrera Pérez. 29 de enero de 1957.
•  Coronel Joaquín Casillas Lumpuy. 16 de abril de 1957.
•  Coronel Pedro A. Barrera Pérez. 9 de junio de 1957.
•  Coronel Alberto del Río Chaviano. 5 de agosto de 1957.
•  Coronel Manuel Ugalde Carrillo. 29 de septiembre de 1957.

Titulo: Soy yo quien determina las leyes militares. El Ejército soy yo.
Autor(a): Marilú Uralde Cancio. Instituto de Historia de Cuba, Angélica Rodríguez Cuza.

Así también solía decir Fulgencio Batista Zaldívar, después del golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Apropiándose de la esencia de esta frase de Napoleón Bonaparte gobernó el tirano Batista hasta el 31 de diciembre de 1958.

Los artículos publicados recientemente sobre Batista en el diario El Nuevo Herald y la obra de Argote Freyre( Fulgencio Batista: From revolucionary to strongman) nunca podrán tildar los apetitos inconfesables de lucro y asesinatos con instintos sádicos durante la última dictadura militar en Cuba .Es en esta etapa cuando las fuerzas armadas mostraron con mayor nitidez sus peculiaridades, deformaciones, insuficiencias e incondicionalidad al alto mando militar, se revela el verdadero papel que desempeñan las instituciones militares y el lugar que ocupan en la estructura de la sociedad.

El 10 de marzo de 1952, Batista protagonizó, junto a un grupo de oficiales en servicio activo y retirados de las fuerzas armadas un golpe militar que derrocó en breves horas al gobierno constitucional del presidente Carlos Prío Socarrás y estableció un régimen militar de facto. Entre los principales golpistas encontramos a Francisco Tabernilla Dolz, Manuel Larrubia Paneque, Roberto Miranda Fernández, Carlos Cantillo González, José Rodríguez Calderón y Rafael Salas Cañizares, entre otros.

El Ejército retornó a las manifestaciones de nepotismo, militarismo y sectarismo, convirtiéndose una vez más en un partido político al servicio de las ambiciones de un hombre y de su principal protector: Estados Unidos. En torno a él se había creado la tesis de que era posible hacer una revolución con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército.

El nuevo jefe militar inicia su mandato tomando un conjunto de medidas de carácter político, militar, económico y social, para, entre otros objetivos, garantizar esa incondicionalidad, apuntalar y reforzar su gobierno y crear condiciones que ofrecieran resistencia a las acciones que pudieran desatar la oposición y las masas populares.

Se concedieron amnistías en beneficio de militares presos, cambios en el Código penal, perdón a las faltas esencialmente militares pendientes de ser juzgadas hasta el 10 de marzo de 1952, fueron radicadas nuevas plazas, ascensos, aumento en los haberes, creación de la Caja de Anticipos y Seguros de las Fuerzas Armadas, la Organización de Viviendas Económicas para miembros de las Fuerzas Armadas y un mal llamado Ministerio de Viviendas Baratas para familiares de soldados caídos.

Muchos militares aceptaron los cambios estimando que seria una nueva era de bonanzas para el pueblo y el progreso y superación de las Fuerzas Armadas, pero fue lo contrario.

Una camarilla de oficiales retirados y otros sin escrúpulos dislocaron todas las instituciones constitucionales. El ambiente era de temor, recelo, calumnias y traición, presos en las cadenas del confidente y del espía. De estos años de tiranía batistiana bastaba que una persona tuviera relaciones de amistad o familiares con cualquier individuo que militara o simpatizara con organizaciones, partidos o movimientos opositores para que fuera investigada, detenida y hasta torturada; además de ser fichada para el resto de su vida.

Interminable seria la lista de los que cometieron asesinatos, homicidios, malversación, maltratos, coacción. De los Vicepresidentes del BRAC Martín Díaz Tamayo, Aquilino Guerra González y Leopoldo Pérez Coujil, se hermanó una maldad insostenible; del antro de torturas y asesinatos se desató una de las mas despiadadas represiones contra el pueblo cubano, ejercida a través de algunos agentes como los coroneles Lutgardo Martín Peréz, Conrado Carratalá y el coronrl Rafael Salas Cañizares. De estos emisarios del vejamen el pueblo cubano perdió a muchos de sus mejores hijos.

El nepotismo era una característica que siempre padeció el Ejército. Existía una gran cantidad de oficiales que tenían gran parte de su familia más cercana dentro de la institución militar. La entrada de la parentela se realizaba violando las reglamentaciones; se les entregaban, cargos, puestos y grados sin tener capacidad, actitud, eran llevados al robo, a la corrupción, el vicio, los negocios turbios, el juego y el enriquecimiento ilícito. Podemos citar por ejemplo la Familia Tabernilla, el viejo Pancho y sus hijos Carlos, Marcelo y Francisco Tabernilla Palmero; la Familia Salas Cañizares, Juan, Rafael y José María, una familia de asesinos y ladrones, los cuales usaban el vejamen como norma de actuación, familia Pilar e Irenaldo García Báez, Casillas Lumpuy, Ugalde Carrillo, etc

La situación del país y del Ejército era muy tenebrosa, bajo la corteza de una profunda tranquilidad, corrieron torrentes que provocaron días de luto tanto para el pueblo como para los militares.